La crisis de los kirchneristas críticos

¿Vuelta atrás con la "Ley Antipiquetes"?

Carlos Kunkel, diputado nacional de Frente Para la Victoria

“Como te digo una cosa, te digo la otra”. Esa frase, bien podría haberse escuchado por estos días en boca de cualquier funcionario kirchnerista, empezando por la misma presidente de la Nación. Al dar “marcha atrás” (por el momento al menos, ya que está presentado en el Congreso) con el proyecto de ley antipiquetes (engañosamente llamado de “convivencia ciudadana”), el Poder Ejecutivo dejó muy mal parados a los diputados ultrakirchneristas que redactaron el borrador a pedido, justamente, de la propia Cristina Fernández. Carlos Kunkel, Diana Conti, Juan Manuel Pedrini (diputado chaqueño, socio político de Capitanich) y otros legisladores habían tirado una bomba hacia dentro del propio kirchnerismo la semana pasada, presentando un proyecto de ley que desde el lugar que se lo mirara era una verdadera provocación y amenaza a las más elementales libertades democráticas. De hecho el gobierno no se está echando atrás con la iniciativa por el amplio rechazo que tuvo desde múltiples organizaciones de derechos humanos independientes y los partidos de izquierda, sino por la catarata de pronunciamientos en contra de parte de las alas “progres” del propio arco oficial, desde el CELS de Verbitsky hasta algunos de los rabiosos intelectuales k de Carta Abierta como Ricardo Forster.
Es que este proyecto de ley cercena los derechos elementales de manifestarse y además tiene un articulado similar a una norma dictada en 1983 por Pinochet en Chile. Lo paradójico es que en Chile se promulgó esa ley cuando la dictadura comenzaba a permitir las manifestaciones, mientras que en Argentina se presenta este proyecto cuando se profundiza el giro represivo del gobierno.
Al ver que las pocas voces a favor de votar una ley para regular y reprimir la protesta social venían nada menos que del PRO, del massismo y del PJ opositor al Frente Para la Victoria, los cerebros de la Casa Rosada optaron por despegarse del proyecto en cuestión y declarar que "el Congreso de la Nación es el ámbito específico para tratarlo, no es un proyecto que incumbe al Poder Ejecutivo" (La Nación, 21/04). La oposición de derecha a lo sumo criticó que en el proyecto de ley se le da la potestad absoluta al Poder Ejecutivo para definir si una protesta es legítima o ilegítima.

Semejante vaivén del gobierno no puede explicarse de otra manera que por las tensiones que cruzan al kirchnerismo en esta etapa. Cristina se propone abandonar el poder en 2015 dejando un régimen político “ordenado” a quien lo suceda, no sin antes encarar ella misma un necesario ajuste de la economía para que le cierren las cuentas y poder cerrar filas con el conjunto de la burguesía. Y al mismo tiempo, pretende que no se resquebraje el endeble arco político que construyó durante sus años más prósperos, para permanecer como corriente cuando se termine su mandato. Difícil ingeniería, parece. Sobre todo cuando lo que viene perdiendo hace rato el gobierno es la amplia base social que mantuvo en los remotos tiempos de crecimiento a tasas chinas y expectativas de “mejoras permanentes” para la clase trabajadora y los sectores populares. Hoy esa amplia base social mira con desconfianza cada nueva medida de ajuste del kirchnerismo, se queja y adhiere masivamente a los paros de la CGT y la CTA opositoras, y a nivel político opta, o bien por variantes patronales no kirchneristas que prometen un “futuro mejor” para después de 2015, o bien por las propuestas y el programa del Frente de Izquierda, como se vio en las últimas elecciones con el 1.200.000 votos obtenidos en todo el país.

Que el gobierno haya dado marcha atrás de forma táctica con el proyecto de ley antipiquetes, no quiere decir que retroceda en su decisión de llevar adelante el ajuste y el giro a la derecha del régimen político a como dé lugar. En esa dinámica se inscribe el discurso de Cristina Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el 1º de marzo, donde avaló las condenas antiobreras a los petroleros de Las Heras (perpetradas en un juicio armado y sustentado en torturas y apremios a los imputados), justificó cada una de las medidas económicas antipopulares que está tomando y anunció que hay que regular, con leyes incluidas, la protesta social. En ese sentido, no hay que descartar que el oficialismo vuelva a la carga en breve con un proyecto más disfrazado pero con el mismo objetivo. Mientras tanto, sin esa ley el Estado sigue aplicando todas y cada una de sus herramientas, legales e ilegales, que tiene a su alcance para criminalizar y perseguir a los luchadores obreros y populares. Porque no es cierto que este gobierno no criminaliza la protesta social. Lo hace con el Código Penal atestado de artículos que vienen de las dictaduras de Onganía y Videla, lo que le permite mantener una lista de más de 5.000 procesados en todo el país. Y lo hace también con el espionaje a los luchadores, como lo demostró la denuncia del Proyecto X que se convirtió en un escándalo nacional.

Pero lo ocurrido en esta última semana demuestra que la relación de fuerzas entre esa voluntad del gobierno y la resistencia social que puede obtener frente a cada medida, no le es muy favorable. Quienes rechazaron el proyecto desde el mismo kirchnerismo son parte de los sectores más ligados a luchas sociales históricas, como el CELS, D’Elía o la CTERA, quienes pueden tragarse muchos sapos pero no mantenerse en silencio frente a este desembozado giro represivo. Ellos pueden mirar para otro lado cuando se aplica el ajuste en nombre del “modelo”, pero no parecen llegar tan lejos como para bancarse los heridos, presos y hasta muertos que se cargue el Estado cuando intente frenar y liquidar la protesta obrera y popular que, como todo lo indica, cada vez será más fuerte. Las protestas y acciones de lucha de los trabajadores se vienen acrecentando desde hace tiempo. Este año, después de la histórica huelga de 17 días de los docentes bonaerenses, llegó el paro nacional del 10 de abril, donde la clase obrera se manifestó contundentemente para decir que no está dispuesta a aceptar mansamente que el ajuste y las crisis económicas recaigan sobre sus hombros. Intentando auxiliar al gobierno, la “izquierda” kirchnerista usó todo tipo de galimatías para negar esta inmensa demostración de fuerza por parte de los trabajadores. Pretendieron negar que hay una creciente oposición dentro de la clase obrera y los sectores populares al gobierno, algo que hiere la “mística” k. Sin embargo, en el rechazo al proyecto de ley antipiquetes no hacen más que reconocer esta fuerza social que se expresó en el paro y que continúa ganando las calles cotidianamente.

Claramente este no será el último intento del gobierno para darle un marco jurídico y legal más sofisticado a la represión y criminalización de la protesta social. Por el momento, al frisar este proyecto de “Decreto supremo” (ver columna de Myriam Bregman en Infobae del martes 22) el gobierno parece haber acusado recibo de las tensiones internas que está generando su decidido giro reaccionario. Pero la tendencia a profundizar la persecución, represión y criminalización de las luchas sociales no se detiene. Por eso desde el PTS y el Frente de Izquierda estamos en la primera línea de la denuncia y la lucha por la defensa irrestricta de las libertades democráticas, integrando el más amplio frente único con organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales. Nuestras bancas nacionales y provinciales, como las del diputado nacional Nicolás del Caño, de los provinciales Christian Castillo (Buenos Aires) y Cecilia Soria (Mendoza) y de la senadora provincial de Mendoza Noelia Barbeito, son tribunas desde las cuales hacemos escuchar nuestro más enérgico repudio a las políticas represivas del kirchnerismo. Y será la más amplia movilización obrera y popular la que, en definitiva, le ponga un freno definitivo a este intento de hacer pasar el ajuste y descargar la crisis sobre la clase trabajadora.

[Nota escrita junto a Rosa D'Alesio y publicada en La Verdad Obrera n°567]